Hay en mi ciudad una asociación ciudadana que, ante las agresiones que viene sufriendo desde tiempos inmemoriales el patrimonio histórico, se dedica a su defensa. No estoy de acuerdo siempre con sus tesis, que suelen ser más conservadoras que conservacionistas, pero hay un tema en el que creo que les asiste la razón.
En la alcazaba almohade de la ciudad se construyó, creo que hacia 1880, un hospital militar, cuando la ciudad era poco más que un bastión defensivo frente a las guerras con Portugal. Recientemente, entre los planes dispuestos para evitar el abandono del casco antiguo y con objeto de modificar la configuración social de la zona, algún político decide que la creación de una nueva Facultad de Biblioteconomía, por entonces en estudio, podría hacerse en ese hospital militar ya en desuso. A tal efecto se convoca un concurso entre arquitectos consistente en la rehabilitación del edificio y su adecuación al uso universitario descrito. Los participantes en el concurso vieron, tan pronto se pusieron a trabajar en el mismo, que era imposible dar cumplimiento a las necesidades de espacio que se derivaban del uso previsto en el conjunto construido del viejo hospital, incluso me consta que muchos se retiraron del concurso ante la imposibilidad de dar un cumplimiento adecuado a lo que se pretendía. Ese fue el gran error. A partir de ahí es la típica historia carpetovetónica del "sostenella y no enmendalla". Sin más remedio, el proyecto que resulta ganador propone la ampliación del edificio antiguo con unos volúmenes de nueva construcción.
La normativa municipal señala la protección integral del conjunto construido en la alcazaba medieval, pero mira por donde, la Junta de Extremadura, promotora del engendro y el Ayuntamiento, encargado de velar por el cumplimiento de la normativa urbanística mediante la concesión de la correspondiente licencia, se ponen de acuerdo (tras años de desacuerdos continuos en todo lo referente a la ciudad) y se busca una artimaña legal para conceder la licencia, que además tiene la bendición de la Comisión de Patrimonio (Comisión Provincial de Bienes Inmuebles del Patrimonio Histórico), en la que según parece contó con la presencia y aprobación de la asociación ciudadana, quien luego denunció en 2000 el incumplimiento de la normativa vigente y la presencia de unos volúmenes, (el famoso cubo), que alteraban la configuración de los restos arqueológicos.
Tras una larga batalla librada por esta asociación culminada en los tribunales, obtiene en el año 2003 una sentencia que le da la razón y que exige la demolición de lo ilegalmente construido y la restitución del edifico a su estado anterior. Las administraciones implicadas (Junta y Ayuntamiento) hacen oídos sordos a la sentencia, pues piensan que el cumplimiento de éstas (al igual que el ordenamiento urbanístico) no es algo que vaya con ellos, que para eso son poderes ejecutivos. Ante el olvido de la sentencia la asociación ciudadana pide la ejecución de la misma y recientemente obtienen la confirmación, ordenando el juez la ejecución solicitada, dando un plazo de un mes para que el Ayuntamiento presente un proyecto de demolición.
Las instituciones políticas, los medios de comunicación más o menos proclives a una u otra administración, han iniciado una campaña calificando de absurdo el hecho y haciendo ver los graves trastornos que ocasionaría cumplir la ley, en un magnífico ejemplo de despotismo propio de otros siglos.
En la alcazaba almohade de la ciudad se construyó, creo que hacia 1880, un hospital militar, cuando la ciudad era poco más que un bastión defensivo frente a las guerras con Portugal. Recientemente, entre los planes dispuestos para evitar el abandono del casco antiguo y con objeto de modificar la configuración social de la zona, algún político decide que la creación de una nueva Facultad de Biblioteconomía, por entonces en estudio, podría hacerse en ese hospital militar ya en desuso. A tal efecto se convoca un concurso entre arquitectos consistente en la rehabilitación del edificio y su adecuación al uso universitario descrito. Los participantes en el concurso vieron, tan pronto se pusieron a trabajar en el mismo, que era imposible dar cumplimiento a las necesidades de espacio que se derivaban del uso previsto en el conjunto construido del viejo hospital, incluso me consta que muchos se retiraron del concurso ante la imposibilidad de dar un cumplimiento adecuado a lo que se pretendía. Ese fue el gran error. A partir de ahí es la típica historia carpetovetónica del "sostenella y no enmendalla". Sin más remedio, el proyecto que resulta ganador propone la ampliación del edificio antiguo con unos volúmenes de nueva construcción.
La normativa municipal señala la protección integral del conjunto construido en la alcazaba medieval, pero mira por donde, la Junta de Extremadura, promotora del engendro y el Ayuntamiento, encargado de velar por el cumplimiento de la normativa urbanística mediante la concesión de la correspondiente licencia, se ponen de acuerdo (tras años de desacuerdos continuos en todo lo referente a la ciudad) y se busca una artimaña legal para conceder la licencia, que además tiene la bendición de la Comisión de Patrimonio (Comisión Provincial de Bienes Inmuebles del Patrimonio Histórico), en la que según parece contó con la presencia y aprobación de la asociación ciudadana, quien luego denunció en 2000 el incumplimiento de la normativa vigente y la presencia de unos volúmenes, (el famoso cubo), que alteraban la configuración de los restos arqueológicos.
Tras una larga batalla librada por esta asociación culminada en los tribunales, obtiene en el año 2003 una sentencia que le da la razón y que exige la demolición de lo ilegalmente construido y la restitución del edifico a su estado anterior. Las administraciones implicadas (Junta y Ayuntamiento) hacen oídos sordos a la sentencia, pues piensan que el cumplimiento de éstas (al igual que el ordenamiento urbanístico) no es algo que vaya con ellos, que para eso son poderes ejecutivos. Ante el olvido de la sentencia la asociación ciudadana pide la ejecución de la misma y recientemente obtienen la confirmación, ordenando el juez la ejecución solicitada, dando un plazo de un mes para que el Ayuntamiento presente un proyecto de demolición.
Las instituciones políticas, los medios de comunicación más o menos proclives a una u otra administración, han iniciado una campaña calificando de absurdo el hecho y haciendo ver los graves trastornos que ocasionaría cumplir la ley, en un magnífico ejemplo de despotismo propio de otros siglos.
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Finalmente, parece que la cosa no tiene remedio y el presidente de la Junta ha tenido que salir en defensa de la legalidad vigente, buscando algún tipo de compromiso. No sé como se puede articular un compromiso en los tribunales de justicia habiendo ya una sentencia.
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Continuará.
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